Fueron sentenciados por delitos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, robo calificado y agravado.
Serán juzgados por su probable responsabilidad en delitos de posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de Fuerzas Armadas y contra la salud.
Fiscales del país piden que se determinen alcances de las sentencias de la CoIDH relacionados con las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa.
